No hay otras propuestas de los opositores a la Concesión de la EPS Grau ha dicho el alcalde Oscar Miranda y claro… ellos (los alcaldes) y tampoco los congresistas por Piura, presentan alternativas si es que quisieran mejorar la operatividad de la EPS Grau y su pésimo servicio… Únicamente y con solícita vocación de amanuense, se han limitado a recibir la propuesta del Ministerio de Vivienda y sin mayor explicación a los propietarios de las acciones y a los que sufrimos el servicio de agua y desagüe, pretenden que se apruebe a ojos cerrados, sin analizar concienzudamente si esa es la mejor opción para resolver un problema que lleva más de dos décadas… 

Como es evidente, ni nuestros alcaldes y regidores, ni nuestro gobernador regional y su asesor privado personal, ni nuestros siete congresistas, oficialistas o no; se toman el trabajo de pensar o ver alternativas a esa propuesta del Ministerio de Vivienda, ni siquiera tomando como referencia situaciones similares en empresas similares, por ello aquí, en nuestro afán de desasnar a tan ineptas autoridades, les presentamos el caso de SEDAPAL y la solución que se gestionó entre el Poder Ejecutivo, el Legislativo y la propia empresa… a ver si se ponen a trabajar en una propuesta, que tomando como modelo la que presentamos, diseñe una fórmula satisfactoria para los piuranos. (Haga CLICK AQUÍ y busque el Proyecto de Ley Nº 00812/2006-PE para leer el que presentó el Poder Ejecutivo hace 9 años)

A diciembre del 2006, SEDAPAL le debía a la SUNAT la friolera de S/. 3 mil 496 millones en impuestos, moras y una serie de acotaciones. Por efectos de la Ley 28870 que se dio en el gobierno de Toledo para optimizar la gestión de las EPS, SEDAPAL sólo podía disminuir esa deuda en 728 millones de soles, con lo cual quedaba una deuda pendiente de 2,768 millones, monto no sólo impagable sino que además, al ser un monto superior en más de dos tercios al patrimonio neto de SEDAPAL cuyo valor era de 3,386 millones, implicaba que de acuerdo a la Ley General de Sociedades, dicha empresa estaba técnicamente quebrada y por tanto debía entrar en proceso de disolución. (Ver noticia)

Pero como SEDAPAL al igual que la EPS Grau son empresas que actúan bajo la figura de monopolio natural pues constituyen un único proveedor para un servicio de necesidad pública que a su vez controla una red única, era impensado e imposible que dejara de funcionar y por ello el propio Ejecutivo, a través de un proyecto de ley que aprobó el Congreso, tiro un salvavidas a SEDAPAL el mismo que consistió en lo siguiente: (Ver aquí noticias de ese tiempo)

a) Autorizó a que el Ministerio de Economía asuma el saldo de la deuda de SEDAPAL.

b) Los 2,768 millones de soles de deuda, fueron convertidos en aporte de capital. Mejor dicho la deuda se convirtió en acciones a nombre del FONAFE (Fondo Nacional de la Actividad Empresarial del Estado).

c) Dieron a SEDAPAL un plazo de 30 años para que recompre esas acciones. Ese plazo vence el año 2036. (Ver aquí ley promulgada)

En los últimos nueve años, SEDAPAL ha podido gestionar financiamiento para distintas obras de ampliación y mejora de sus servicios, ha reducido considerablemente la cantidad de agua no facturada y ha mejorado la micro medición y aun cuando le falta llevar agua y desagüe a muchos lugares de Lima, ha mejorado sustantivamente todos sus indicadores.

¿Se puede hacer algo parecido con la EPS GRAU? Claro que sí. La deuda por la que está sometida a proceso concursal asciende a 376 millones, de los cuales 303 son deudas derivadas de créditos reembolsables recibidos del FONAVI y otros acreedores, los que se usaron para construir infraestructura de saneamiento; 50 millones de soles le debe a SUNAT por tributos no pagados y el resto son deudas por distintos conceptos laborales, con lo cual sus trabajadores también son acreedores.

Es decir, el Estado Peruano, con una ley, puede convertir la deuda de 353 millones de soles en acciones de capital y también se puede hacer lo mismo con los S/. 23 millones que se les debe a los trabajadores… Ahora bien ¿De qué serviría que el Estado capitalice esa deuda para que siga siendo dueño de la empresa? No serviría de nada si es que la empresa sigue siendo gestionada por el Estado, sea este en su forma de gobierno nacional, regional o municipal.

Decimos esto pues viendo lo ocurrido con SEDAPAL y con la EPS Grau, ha quedado demostrado que el Estado no es buen gestor para este tipo de empresas y menos aun cuando lo hace a través de las municipalidades, las que como se ha probado, han fracasado porque no han sido capaces de gestionar de modo medianamente regular, un servicio tan importante para la población.

Nosotros vamos más allá de lo que se hizo con SEDAPAL y nos atrevemos a proponer que una vez que el Estado capitalice la deuda y la convierta en acciones a nombre del FONAFE, tal como lo hizo con SEDAPAL, estas acciones deben venderse a un privado… pero sólo se deben vender aquellas que resultaron de la capitalización de deudas al Estado, pues las acciones de las municipalidades y las de los trabajadores, aun cuando se conviertan en minoritarias, deben seguir perteneciendo a ellos… ¿Por qué? Por varias razones…

1) Que un privado compre el paquete mayoritario de acciones, significa que está invirtiendo su dinero. No como en el caso de las concesiones, en las que muchas veces no ponen un sol y al no ser dueños de la empresa, gestionan las mejoras muy lentamente pues sólo invierten parte de la renta que resulta de su explotación y no meten dinero fresco de su cuenta y por ello, de arranque te suben las tarifas. Así ha pasado con el puerto de Paita, con la autopista del Sol, con el peaje en Lima y la Línea Amarilla y con muchas otras concesiones de infraestructura.

2) Los municipios y trabajadores quedarían como accionistas minoritarios y teniendo asiento en el directorio, especialmente las municipalidades, ejercerían un rol fiscalizador de la gestión en beneficio de sus representados que somos los que tenemos la conexión a la red de agua y desagüe. Es decir serían los ojos nuestros dentro de la empresa para saber costos y medir la justicia, cuando se proponga un incremento de tarifas o se priorice un proyecto.

3) La propiedad mixta de este tipo de empresas en la que participan los privados (mayoritariamente) el Estado (las municipalidades) y los trabajadores; compensaría o equilibraría la naturaleza de monopolio que tienen las empresas que suministran servicios de agua y desagüe a las que se les atribuye el poder abusar de esa condición monopólica. El accionista minoritario tiene derechos como el de convocar a junta de accionistas; derecho a voto, a cobrar dividendos; a pedir información, a pedir auditorías anuales y especiales y un conjunto de derechos que con una legislación adecuada, puede ser el debido contrapeso a los accionistas privados que serían mayoritarios.

4) El accionariado mayoritario de un privado, garantiza que ese privado se esmere en hacer rentable su inversión y el accionariado minoritario del Estado y los trabajadores, garantizan una fiscalización más directa y representativa que será anterior o previa a la que realizan la SUNASS y la OTAS y además, cobrarán los dividendos que resulten de la gestión privada que en el caso de empresas de servicios y digan lo digan, siempre será más eficiente que la gestión de una municipalidad en una empresa de servicios , la que generalmente somete la dirección de la empresa a los avatares políticos y requerimientos de su militancia cuando llegan al gobierno.

¿Qué necesitamos? Varias decisiones…

1)  Que los congresistas piuranos, el gobernador regional y su asesor “privado personal”, el alcalde, los regidores y sus nuevos asesores (Pues los que tienen están en nada) se tomen el trabajo de revisar antecedentes como el de SEDAPAL y trabajen un anteproyecto de ley que pueda ser discutido en el Legislativo.

2)  En la discusión de la propuesta deberían participar los colegios de ingenieros, de economistas, de administradores y de contadores; así también, trabajadores de la EPS Grau. Seguro que podrían enriquecerla.

3)  Que nuestras autoridades sean pro activas y dejen de actuar como caja de resonancia o amanuenses de un ministerio para que asuman el rol que les compete, esto es, el de ejercer autoridad, evaluando de manera transparente, con criterio técnico e informando ampliamente a la ciudadanía y organizaciones de la sociedad civil, todo aquello que signifique transferir o concesionar el patrimonio público.

Señor Gobernador Reynaldo Hilbck, señor alcalde Oscar Miranda, señores alcaldes de las otras cuatro provincias propietarias de la EPS Grau; si quieren alguna propuesta alternativa a la del Ministerio de Vivienda, aquí la tienen… Revisen la legislación precedente, revisen otros casos... Pónganse a trabajar en beneficio de los piuranos si quieren que les tomemos en serio… Ya basta de chácharas improductivas y colectivos ciudadanos que arman para reclamar que el gobierno central haga por nosotros, lo que nosotros debemos hacer y que no hacemos por simple incompetencia y supina ignorancia.